La protesta de los tractores sigue en marcha. El campo español se levantó hace un par de semanas -siguiendo el ejemplo de los agricultores y ganaderos franceses- para exigir la revisión de las políticas agrarias de la Unión Europea (UE), del Gobierno y de las Comunidades Autónomas que, con la crisis que atraviesa el sector, aseguran, contribuyen a hacer 'inviables' sus producciones.

Con la intención de poner fin a las jornadas de protestas, que han causado cortes en las carreteras de todo el país, y dar respuesta a algunas de sus exigencias, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció ayer un paquete de medidas entre las que se encuentra el refuerzo de la aplicación de la ley de cadena alimentaria.

Aunque para llevar a cabo algunas de las iniciativas, Planas tendrá que convencer a sus socios europeos: el ministro acudirá a dos reuniones en Bruselas -una el 26 de febrero y otra el 16 de marzo-.

No obstante, no todas las exigencias serán valoradas. Ante la demanda de los agricultores y ganaderos de flexibilizar la reducción de fertilizantes y productos fito y zoosanitarios, el ministro ha sido tajante: se seguirá la hoja de ruta de la Unión Europea. "Si un producto fitosanitario está prohibido en la UE, no debe utilizarse tampoco en la producción de alimentos que vayan a ser importados", ha ejemplificado.


¿Quién decide lo que se prohíbe?

El proceso consta de dos niveles de decisión. Primero, la UE aprueba las sustancias activas que pueden utilizarse en los cultivos europeos, en base a los estudios realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en colaboración con organismos nacionales.

Con el sí de la UE, llega el turno de cada Estado miembro: será entonces cuando cada país dará el visto bueno final a los productos. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los países se descuelguen de la norma. De las 59 excepciones en 2007 se ha pasado a casi 400 en 2023.

Además, los países no fomentan tanto como deberían el empleo de sustancias alternativas, pese a que una directiva de 2009 les obliga a hacerlo. De hecho, según los datos de la Comisión Europea, solo entre el 1 por ciento y el 13 por ciento de los productos avalados por los reguladores nacionales están libres de químicos.


La polémica del glifosato, el herbicida más utilizado

Este herbicida, el glifosato, es el más utilizado del mundo y, probablemente, uno de los productos agrícolas más controvertidos desde que en 2015, un organismo de la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como cancerígeno.

La polémica llegó tras el escándalo de 'los papeles de Monsanto', una investigación que apuntaba a presiones de esta multinacional sobre la autoridad europea que aprueba las sustancias, "Ha habido prácticas muy perniciosas, como estudios publicados con financiación de las empresas agroquímicas y mucha ambigüedad en general", apunta Lucía Argüelles, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Entonces, ¿es legal el glifosato? Lo era, al menos, hasta diciembre de 2023, momento en el que los estados miembros de la UE debían votar 'renovar o rechazar' la prolongación del glifosato. Sin embargo, ante la falta de una mayoría cualificada, la Comisión aprobó la renovación del glisofato por un periodo de 10 años, "sujeto a determinadas condiciones y restricciones".


Lo que se queda en Europa y lo que sale... ¿Mismas reglas?

Los pesticidas, también conocidos como productos fitosanitarios, fueron prohibidos por la Unión Europea por sus efectos perjudiciales en el ecosistema -contaminación de aguas, alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces- además de por sus efectos sobre la salud humana -aumentan el riesgo de paceder Párkinson o cáncer-.

Sin embargo, las reglas no se aplican igual para aquellos países que salen de la Unión. Una investigación demostró que en 2018 se vendieron más de 81.600 toneladas de pesticidas prohibidos en el territorio de la UE a 85 países, de los cuales, 3 de cada cuatro son pobres o en vías de desarrollo. Estos datos esconden una doble moral en el intento de reducir los efectos medioambientales de estos productos agrícolas.

Ahora, la presión de los manifestantes del sector del campo, ha llevado a la Comisión Europea a retirar su plan para recortar en un 50 por ciento el uso de pesticidas en la UE. "El SUR se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazado por el Parlamento y tampoco hay avances en el Consejo", resumió la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Además, Francia, que también se encuentra en mitad de las negociaciones con los agricultores, ha pedido a la Comisión Europea que prohíba la venta de alimentos tratados con el tiacloprid, un pesticida cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Si no lo consigue, los vetará en su territorio, en cumplimiento de una de las promesas a los agricultores durante sus protestas.

Fuente: 20 Minutos (España)