Con el respaldo clave del PRO y otros bloques minoritarios, el oficialismo apunta a vender la compañía de bandera sin ningún tipo de control parlamentario. Pero también tiene un “plan B”.

La Cámara de Diputados retomará el próximo martes el debate de los proyectos de ley que proponen la privatización de Aerolíneas Argentinas, luego de que meses atrás el Congreso y los gobernadores rechazaran el intento de incluir esa intención del Ejecutivo en la Ley Bases.

Será en un plenario de las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO volverán a la carga con el plan de la gestión libertaria, que pretende terminar con la propiedad estatal exclusiva de la compañía de bandera.

Javier Milei y sus aliados argumentan que pretenden terminar con los “paros salvajes”, al tiempo que se busca disciplinar a los sindicatos del sector para que moderen sus formas de protesta, poniendo coto a las pretensiones de mejoras salariales de los trabajadores de AA.

Quiénes se oponen y quiénes apoyan la privatización de Aerolíneas
La principal resistencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas viene de los gremios de la aeronáutica comercial, que cuentan con el respaldo de los bloques legislativos de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT) y otros diputados de distintos bloques minoritarios.

Pero la iniciativa libertaria podría prosperar porque, en principio, La Libertad Avanza cuenta como socios privatizadores al macrismo en su conjunto, al MID, a la UCR, a la Coalición Cívica y a sectores de Encuentro Federal e Innovación Federal.

El “plan A” del Gobierno: “privatización salvaje” de Aerolíneas Argentinas
El objetivo de fondo de los anarcocapitalistas es vender los activos de la empresa aérea a operadores privados, impulsada por el diputado Hernán Lombardi (PRO), que no establece ningún tipo de límites ni controles a ese proceso.

Pero, de no prosperar la “privatización salvaje”, el Gobierno tiene como “plan B” el proyecto del diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) —apoyado buena parte del radicalismo—, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).