En los nueve meses que lleva su mandato se aprobaron cuatro eventos de semillas genéticamente modificadas, y van casi 80 en los últimos 25 años. Así se profundiza el extractivismo, la concentración económica y el vertido de agrotóxicos.

Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.

Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.

“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya.

“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.


Una historia que no es nueva

La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.

Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.

Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.

“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (Rigi), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.


La carrera por la desregulación

La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa dos en 2001 (uno por año). Con Nestor Kirchner, cuatro (uno por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (tres por año); En el gobierno de Macri 25 (seis por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron cuatro en los ocho primeros meses, lo que da una proyección de siete por año.

Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y Basf) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.

“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el Rigi, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de Fecofe e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.

Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.


¿Qué pasa en el Inta?


El organismo transita una etapa de indefiniciones e incógnitas sobre su futuro, en medio de acusaciones de censura y el polémico cierre del programa Pro Huerta. Los pequeños productores y la agricultura familiar totalmente afuera del radar.

La primera versión de la Ley Bases tenía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) dentro de los organismos que podían ser disueltos e intervenidos por decisión del Poder Ejecutivo. Entre las debilidades parlamentarias del Gobierno, las presiones de la oposición, la resistencia de sus trabajadores y la advertencias de buena parte de la comunidad agraria, el Inta quedó dentro de una lista de 20 organismos descentralizados que no podrán ser fusionados ni cerrados. Así transcurrieron los primeros meses durante la presidencia de Javier Milei: en medio de un ajuste fiscal drástico, el Inta zafó de los peores destinos, pero su futuro sigue siendo una incógnita con algunos indicios alarmantes, especialmente por el deterioro y la fragilización del del vínculo con los pequeños productores de todo el país.

La conducción del Inta fue uno de los casilleros que Milei tenía previsto cubrir desde que asumió. A diferencia de otras áreas, que siguen con cargos estratégicos sin designación, el Inta fue rápidamente cubierto. En la presidencia del organismo fue nombrado el cordobés Juan Cruz Molina Hafford, un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice es María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.

Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del Inta y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.


Censura recargada que viene de antes

Tanto el presidente como la vice del Inta se preservan en el perfil bajo. Prefieren que el organismo transite en el mejor segundo plano posible. Sin embargo, las críticas han sacado del silencio la situación actual del Inta. A mediados de julio, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, grabó un video donde se hacía eco de una denuncia sobre presunta censura dentro del organismo. «Es cercenar los derechos democraticos, es oscurantismo y terrapanismo en materia agropecuaria. La sustenabilibidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace más de 200 años Manuel Belgrano hablaba de la sustentablidad y cuidar los suelos. Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas, ponen en peligro al conjunto de la producción. Podran intentar prohibir las palabras pero con eso no resuelven nada», dijo el funcionario.

La conducción salió a desmentirlo, pero según confiaron desde adentro del organismo la censura de determinadas palabras se ha profundizado. Todas aquellas que puedan tener «una connotación política», deben ser suplantadas. Los voceros del Inta lo siguen negando y dicen que es un disparate pero varias fuentes internas aseguraron a Tiempo Rural que no se puede usar la palabra «agrotóxicos» en las investigaciones. Tampoco cambio climatico, sustentabilidad de genero, ni nada vinculado a la agenda 2030. «Cómo el país no quiere reconocer el cambio climático, nos perdemos grandes posibilidades de financiamiento que estan disponibles y que no podemos tomar porque está prohibido», contó un funcionario que no puede sumar ninguna de esas palabras en los documentos oficiales.

Los investigadores no son ingenuos, siguen adelante con sus trabajos y buscan sortear los costados más burdos de la censura, pero esas directivas tienen correlatos concretos. «Detrás está el prejuicio de que se está atacando al sistema tradicional de plagicidas y que sólo visualizamos la agroecología. Eso es falso. El mundo va a hacia eso y las pruebas están en la información que está disponible, pero no se conoce», detalló la fuente. «Si se hicieran públicos todos los informes diarios del laboratorio del Mercado Central, muchos se podrían encontrar con sorpresas, pero eso esta prohibido discutirlo», lamentó el especialista consultado. Adentro del Inta no olvidan que los intentos para forzar el lenguaje y extirpar palabras también sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.


Los golpes a la agricultura familiar

A partir del año 2001 en el Inta hubo intentos para revalorizar el rol de la agricultura familiar. Se crearon cinco institutos que eran parte de una herramienta de extensión que buscaba atender al pequeño productor capitalizado. De los cinco institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, sólo quedaron tres dedicados a la Región Pampeana, la Patagonia y el NOA.

Pero el recorte que más impacto tuvo es el cierre del Programa PRO Huerta, que promovía semillas y huertas colectivas y también una estrategia para vender los excedentes en las ferias. Durante la gestión de Cambiemos intentaron cerrar todos los Ipaf sin éxito. En su lugar borraron el programa Cambio Rural, que reunía a 20.000 ´productores.

El PRO Huerta sobrevivió en la gestión Cambiemos y durante la gestión de Fernández casi desaparece. Con la gestión libertaria finalmente lo cerraron y de ese modo desaparecieron las herramientas para los pequeños productores que podía promover el Inta.

El cierre se aplicó en marzo y originó 43 despidos. Molina Hafford tenía la posibilidad de renover el convenio con el ministerio de Capital Humano para continuar con el programa, pero el titular del Inta nunca avanzó con el trámite y así le dio el tiro de gracia.

Fuente: Tiempo Argentino